La iniciativa establece como objetivo informar a la  ciudadanía  y turistas, que con la compra de productos falsificados y de negocios ilegales, se pone en riesgo su propia salud y la de los demás y comete un crimen. Los productos, fuera de control, así como el daño al comprador y la artesanía, fomentan la explotación de los más débiles.

La ley establece para aquellos que compren productos falsificados, una multa de hasta 7.000 euros más  la incautación de los bienes